El derecho a un recurso efectivo en materia administrativa en México: Recepción del corpus juris del sistema interamericano y asignaturas pendientes

• Autores: Martha Elba Dávila Pérez
• Directores de la Tesis: Raúl Sanz Burgos (dir. tes.), María del Carmen Bolaños Mejías (tut. tes.)
• Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 2016
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Yolanda Gómez Sánchez (presid.), José Antonio Sanz Moreno (secret.), Francisco Serra Giménez (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Teoría jurídica y métodos generales
      • Jurisprudencia
    • Derecho internacional
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: hdl.handle.net
• Resumen

  • Para que un derecho sea respetado no basta que se encuentre contenido en una constitución, legislación o declaración de derechos, sino que es necesario un marco legal de protección a esos derechos y libertades que incluya los instrumentos para hacerlos efectivos. Así, la correcta instrumentación del Derecho a un Recurso Efectivo resulta de gran trascendencia en cuanto constriñe al Estado a desarrollar todas aquellas condiciones para asegurar una adecuada defensa de los ciudadanos, cuyos derechos pueden ser afectados por una decisión del poder público. El presente trabajo analiza el Derecho a un Recurso Efectivo desde distintas aristas: como derivación de las obligación de adoptar disposiciones de orden interno a in de hacer respetar los derechos humanos; la diferencia en la formulación consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como su desarrollo histórico y conceptual a in de estar en posibilidades de comprender su importancia. La adopción de los tratados internacionales en diversas materias y, en específico, de derechos humanos, así como los pronunciamientos y sentencias emitidas por los organismos y tribunales internacionales han influido significativamente en las legislaciones internas de los Estados. En el continente americano, el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto de los artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a respetar los derechos humanos consagrados en los diversos instrumentos internacionales, garantizar su pleno y libre ejercicio y adoptar medidas internas para hacerlos efectivos. La obligación de adoptar disposiciones de derecho interno conlleva a que el Estado adecúe su normativa interna de conformidad con las disposiciones convencionales. Esta obligación de adecuar el derecho interno a las disposiciones convencionales cobra gran relevancia en Estados que, como México, continúan sosteniendo como principio jurídico máximo el de la supremacía constitucional. El derecho a un recurso efectivo se encuentra contenido en diversos instrumentos internacionales, tanto del sistema universal como de los sistemas regionales. El derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido materia de frecuentes pronunciamientos por parte de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Los estándares internacionales facilitan el trabajo del juzgador al momento de aplicar las disposiciones de los tratados a casos específicos y a fin de salvaguardar la convencionalidad del derecho interno. Esta jurisprudencia conviene que sea sistematizada para establecer los requisitos mínimos con los que debería contar un recurso para que pueda ser considerado efectivo para la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Al realizar un test de convencionalidad del Juicio Contencioso Administrativo en México (y de cualquier otro instrumento que pretenda proteger derechos fundamentales) se concluye que éste no cumple con los estándares del Sistema Interamericano del Derecho a un Recurso Efectivo pues debería proporcionar una mayor apertura para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa; el diseño normativo del recurso también debe procurar el respeto al principio de igualdad de partes en el proceso y proveer los medios necesarios para lograr una debida reparación del daño. Por último, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe contar con las facultades necesarias para ejecutar sus resoluciones.