La ley de 15 de marzo de 1940 suprime la Inspección General de Carabineros y sus funciones son asumidas por el Cuerpo de la Guardia Civil, adquiriendo así la responsabilidad de la vigilancia y el control de las costas y fronteras españolas, competencias ratificadas por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El control de fronteras españolas, que ya son fronteras exteriores de la Unión Europea, y la lucha contra las organizaciones que se dedican a la criminalidad transfronteriza están unidas. Para combatir este fenómeno, que debe ser enfocado de manera integral, la Guardia Civil ha desarrollado un sistema multidisciplinar, considerado modélico, basado en cuatro pilares: la cooperación e intercambio de información con los países de origen y tránsito de inmigración; la acción permanente de vigilancia aeronaval; el sistema de detección/reacción fundamentado en el SIVE (sistema Integral de Vigilancia Exterior) y en las actuaciones de los Servicios Marítimo y Aéreo; y acciones en el interior del territorio nacional. A todos ellos se suman las distintas herramientas que van surgiendo como consecuencia de los numerosos proyectos tecnológicos de I+D+I, en los que la Guardia Civil participa activamente. Para el diseño de herramientas, misiones y operaciones que contribuyan a mantener la paz y la seguridad, se debe contar con la participación activa de Instituciones, como la Guardia Civil, que permitan mejorar la gestión y vigilancia de las fronteras y, con ello, hacer frente a los principales retos en este ámbito: el tráfico y trata de seres humanos, el tráfico de drogas y de armas y el terrorismo. Con la entrada en vigor, en diciembre de 2013, del Reglamento EUROSUR (sistema europeo de vigilancia de fronteras), se establece un marco común para el intercambio de información y cooperación entre los Estados Miembros y la Agencia FRONTEX destinado a mejorar el conocimiento de la situación y aumentar la capacidad de reacción en las fronteras exteriores de la Unión Europea con el fin de permitirles detectar, prevenir y combatir la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, y contribuir a garantizar la protección y salvamento de las vidas de los inmigrantes. Cada estado Miembro gestiona un Centro Nacional de Coordinación, situándose el español en el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil.
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