El problema tarifario, y el principio de reserva de ley, en el sistema portuario de interés general en España

• Autores: Verónica Pérez del Val Sheriff
• Directores de la Tesis: Manuel Ballbé (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2014
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Ana María Muñoz Merino (presid.), Ferran Pons Cànovas (secret.), Tulio Rosembuj (voc.)
• Materias:
  • Ciencias tecnológicas
    • Tecnología de la construcción
      • Puertos
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  TDX  DDD 
• Resumen

  • España, por su historia, situación y configuración geográfica, dispone de siete mil ochocientos ochenta kilómetros de costa entre el territorio peninsular, los dos archipiélagos y las ciudades de Ceuta y Melilla. De hecho, al menos un siete por ciento de la costa española está destinada a instalaciones portuarias, lo que da cuenta, por sí mismo, del extraordinario relieve que los puertos tienen en las infraestructuras de nuestro país. La envergadura del sector portuario en nuestro país, indiscutiblemente entraña una problemática jurídica de enorme complejidad y sofisticación. Sin embargo, la doctrina científica, salvo honrosas excepciones, no le ha dedicado especial atención a este sector del denominado, en expresión del profesor A.Guaita, Derecho Administrativo Especial. La potestad tarifaria, entendida en términos generales, es una manifestación del ius imperium, de la Administración Pública, cuando actúa frente a los particulares como potentior personae. Sin embargo, y entendiendo como tal potestad, la fijación del importe que deben sufragar los usuarios por el uso de determinados servicios públicos o esenciales, el problema tarifario adquiere una dimensión muy particular en el sector portuario. Y ello por diversos motivos: la enorme variedad de servicios y usos que se producen en los diferentes espacios portuarios, el gran número de Autoridades Portuarias en nuestro país, la diferente tipología de los puertos, el carácter asimétrico de los usuarios, y la existencia de otras autoridades públicas concernidas en la materia, como son los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Puertos del Estado y el propio Ministerio de Fomento. Esta tesis ofrece una clara visión de la problemática tarifaria que ha girado en torno al sector portuario durante más de una década, y que como se podía prever, ha desencadenado una litigiosidad que finalmente ha repercutido en la merma de las arcas públicas y distintos cambios legislativos, a fin de adaptar la regulación sectorial en materia portuaria al marco constitucional. En este sentido, esta tesis analiza la problemática surgida en la regulación portuaria a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 185/1995 de 14 de diciembre, que vino a dar una interpretación a los términos de la ley de Tasas y Precios Públicos, y que estrechó más el cerco sobre la naturaleza y aplicación de los precios públicos, los cuales, en cuanto entrañasen prestaciones patrimoniales de carácter público, declara sometidos a una estricta reserva de ley. La clave para su identificación como tales la veía el Tribunal en la nota de coactividad, que les hace semejante a los tributos. El Tribunal Constitucional explicitó que la libertad o la espontaneidad a que se refiere el artículo 24 para legitimar la aplicación de precios públicos debía ser real y efectiva, considerándose coactivamente impuestas aquellas prestaciones en las que el bien, la actividad o el servicio requerido fuera objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social, de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar. Asimismo, entendió el Tribunal, que igualmente se consideraban prestaciones pecuniarias coactivas aquellas que derivasen de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o realizadas por los entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho, aunque los servicios o las actividades no fueran obligatorias ni imprescindibles. Este trabajo hace una profunda labor recopilatoria de los distintos cambios legislativos con sus atinos y desatinos, así como jurisprudencial, advirtiendo de posibles lagunas, vacíos legales y riesgos que pudiera entrañar la nueva regulación sectorial. También ofrece una visión dinámica y vías de solución que el marco comunitario ofrece, aportando al mundo portuario soluciones jurídicas a problemas que pudieran suscitarse en el futuro.