La realidad jurídica y política del Poder Judicial en nuestros tiempos exige un serio y profundo replanteo. Las crisis políticas y de la ley, las desigualdades económicas y sociales, la complejidad de los problemas culturales y de la sociedad, obligan al Poder Judicial a tener la capacidad de afrontar dichas realidades. Esta misma situación ha estado acompañada de una expansión de la función judicial, la cual, puede traer problemas y desajustes en el orden político y en la relación con los otros poderes del Estado, si dicha relación no es moderada y equilibrada. Esta definición de la función judicial no es ajena para aquellas situaciones de países que luchan por salir delante de regímenes autoritarios o totalitarios. La Democracia y el Estado de Derecho, en un contexto o en otro, exigen al Poder Judicial que brinde certeza, seguridad jurídica y previsibilidad como parte de la defensa y garantía de los Derechos Fundamentales. Esto se puede lograr a través de la superación de los viejos esquemas decimonónicos del juez burócrata y autómata aplicador de la ley. La motivación y la fundamentación de las sentencias, en este sentido, son garantía ciudadana en un Estado de Derecho Democrático.
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