Este artículo trata algunos problemas de aplicación del análisis de coste-beneficio de los proyectos agrícolas. Los comentarios podrán ser generalizados a otras áreas. La proposición principal es que la intervención del gobierno no es solamente una cuestión técnica y económica, sino también una cuestión institucional. Las técnicas tradicionales de la evaluación del proyecto han considerado principalmente el primer aspecto, descuidando la adecuación de las instituciones para establecer incentivos y penalizaciones a particulares para canalizar su comportamiento hacia metas sociales, en realidad consideradas de otra forma en la evaluación socioeconómica. El artículo centra sus comentarios en algunos formas especiales de intervención en la agricultura española antes explicada.
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