El internamiento no voluntario de un enfermo mental supone una limitación de derechos individuales básicos que exige una supervisión judicial de su ejercicio, y ésta precisa a su vez del asesoramiento de expertos, tarea que se realiza habitualmente en los Institutos de Medicina Legal dado su carácter de órgano técnico auxiliar al servicio de la Administración de Justicia. En este trabajo se hace un repaso de la metodología de actuación en estos supuestos, los problemas prácticos que presenta y sus posibles soluciones.
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