En materia de justicia penal, la necesidad de alcanzar un grado óptimo de eficiencia y eficacia en la sustanciación de los procesos, se ha convertido en el objetivo primordial de las políticas públicas de los últimos tiempos². Lo anteriormente expuesto, se hace patente en las sucesivas e innumerables reformas de nuestra Ley procesal penal, que han puesto de manifiesto el esfuerzo del legislador por dotar de una mayor celeridad al proceso penal³. La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías
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