La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 10 de febrero de 2014, cambia sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo principal es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales tanto federales como locales. Estas Nuevas disposiciones de organización política se han establecido para la operación y el funcionamiento del sistema político mexicano que obliga a replantear planes y estrategias de los partidos para la elección del próximo año.
Para ello se ha creado un nuevo organismo denominado Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que sustituye al IFE, y con nuevas estructuras estatales reguladas por la federación intentarán desplazar el poder según sus impulsores que ejercen los poderes locales en los organismos locales electorales.
El trabajo va a ser muy grande ya que se renuevan nueve gobiernos estatales, también numerosos ayuntamientos y diputaciones locales y, además, la disputa por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde 500 diputaciones estarán en juego entre los partidos políticos. Es por ello importante analizar los alcances de la transformación de IFE a INE y reflexionar sobre los pros y contra que se presentan, en los cambios jurídicos que se establecieron en las nuevas atribuciones al órgano electoral Federal.
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