José Antonio Julián Clemente, Alberto Aibar Solana
La legislación española vigente muestra la obligación de las administraciones educativas de promover la práctica de actividad física durante la jornada escolar. Son numerosas las iniciativas que por parte de los diferentes ministerios y de las Comunidades Autónomas se han realizado para nutrir al profesorado y a las familias de los centros educativos de recursos con los que llevar a cabo esa promoción. Mostramos ocho decisiones que el profesorado y los centros educativos pueden tomar de cara a implicar al mayor número de agentes posible para generar ambientes saludables en sus contextos. Se finaliza haciendo hincapié en la responsabilidad de la administración para liderar iniciativas basadas en la evidencia científica.
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