La Ley n° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada y promulgada en 2006, es una norma breve, que establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Su sanción resultó un logro significativo en términos pedagógicos y políticos. No obstante, no estuvo exenta de fuertes debates y negociaciones políticas. Entre otros puntos de conflicto, se plantean controversias acerca de la definición y la interdependencia entre los derechos de niñas, niños y adolescentes, los derechos de las familias y también los derechos de las y los docentes. El artículo explora los fundamentos y controversias aún presentes en nuestro país, con el objetivo de ampliar el abanico de recursos argumentales para los debates políticos, técnicos e institucionales que todavía suscita la plena implementación de la ley; sobre todo a nivel de las escuelas y las aulas, capilares del Estado frente a la sociedad civil en el nivel de determinación curricular más concreto de cualquier proyecto político-pedagógico.
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