El artículo analiza la ampliación del derecho a la educación, que en América Latina ha estado asociada a políticas de transferencia condicionada de ingresos. Nos centraremos en el nivel universitario, a partir de la implementación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR). Los hallazgos sugieren que, a diferencia de las políticas precedentes, el PROG.R.ES.AR flexibiliza los criterios meritocráticos que históricamente fortalecieron la lógica selectiva de la escolaridad al tiempo que reconoce a los grupos sociales más desaventajados como legítimos estudiantes universitarios. Asimismo, establece mecanismos de mayor integralidad en la norma mediante el acompañamiento a las trayectorias que ponen de relieve la intención de un abordaje holístico de la problemática juvenil. No obstante los avances de la medida en términos de ampliación de derechos, la democratización efectiva del nivel se dirime en el plano de la institucionalidad y del trabajo pedagógico tendiente a superar la tradición selectiva del nivel. Dada la autonomía universitaria, la democratización de la educación superior depende, en mayor medida que en los niveles obligatorios, de los modos de apropiación institucional de la política en función de las trayectorias particulares de las universidades nacionales y de las reglas y recursos disponibles para alterar los modos de reproducción de los privilegios.
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