Según la justicia europea, una empresa no puede despedir a un trabajador con discapacidad permanente sin hacer previamente ajustes razonables para permitirle conservar su empleo ni demostrar que esos cambios supondrían una carga excesiva. La sentencia, sin embargo, choca con el Estatuto de los Trabajadores, que permite extinguir el contrato de trabajo de forma automática. En este artículo, despejamos las dudas que han surgido en torno a la contradicción entre la jurisprudencia y el Estatuto de los Trabajadores.
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