Esperanza Ochaíta (coord.), María Ángeles Espinosa Bayal (coord.), María José de Dios Pérez, Isabel Cuevas Fernández, Álvaro Marchesi Ullastres, Elena Martín Ortega, Ignacio Montero García-Celay
Los cambios experimentados por la sociedad española en los últimos treinta años han sido vertiginosos. Uno de los más perceptibles quizás sea el provocado por la recepción continua y creciente de población inmigrante atraída por las expectativas –no siempre confirmadas- de un futuro menos incierto, tanto en lo económico como en lo político, que el que ofrecen sus lugares de origen a quienes vienen a nuestro país. Llegan así nuevos hábitos, costumbres extrañas, modos de convivencia distintos y toda la variedad y diversidad que pueden aportar culturas y religiones diferentes de las que han vertebrado hasta hoy mismo la homogénea sociedad en la que vivimos. En poco tiempo, pues, ha habido que hacer un lugar a otras identidades, a otras creencias, a otros modos de pensar y de vivir y este proceso no ha estado, ni está, exento de dificultades.
Esta circunstancia justifica por sí sola que el Defensor del Pueblo haya prestado una atención preferente a la situación real de los inmigrantes en nuestro país y a las condiciones en las que éstos pueden ejercer los derechos y libertades que la Constitución proclama y cuya garantía y defensa tiene encomendada esta Institución. Hace años, pues, que se viene actuando en diversos campos para lograr que los inmigrantes puedan disfrutar de los derechos y libertades que les corresponden y tratando de aliviar las carencias, penurias, limitaciones, que tan a menudo se derivan de su condición.
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